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La figura jurídica del indio
La figura jurídica del indio
Notas sobre la figura jurídica del indio. por Romina Zamora La corona española tardó muchos años en definir qué eran, jurídicamente, los indios. Dentro del régimen jurídico monárquico los indios no tuvieron un status definido. No fueron considerados esclavos a menos que fueran prisioneros de guerra, sobre todo después de las Leyes Nuevas en 1542.Tras la llegada de los españoles a la Tierra Nueva, el Papa recién en 1535 había determinado, por medio de una bula, que los indios tenían alma y por tanto, derecho a la salvación.
 
Notas sobre la figura jurídica del indio. La corona española tardó muchos años en definir qué eran, jurídicamente, los indios. Dentro del régimen jurídico monárquico los indios no tuvieron un status definido. No fueron considerados esclavos a menos que fueran prisioneros de guerra, sobre todo después de las Leyes Nuevas en 1542.Tras la llegada de los españoles a la Tierra Nueva, el Papa recién en 1535 había determinado, por medio de una bula, que los indios tenían alma y por tanto, derecho a la salvación. Los conquistadores tenían la cristiana misión de evangelizar a los indios en tierra americana, para volver el paraíso asequible a ellos. En retribución, los indios debían tributar a su señor, a dios y al rey. En especias, en moneda o en trabajo, según fuera el caso. Pero los efectos de los trabajos forzados, las guerras, la desestructuración de su mundo y sobre todo, de la trasmisión de las enfermedades europeas, hicieron que la población de originarios americanos se viera reducida a poco más del 10% al cabo de un siglo y medio de contacto con los cristianos. Los demógrafos históricos calculan que la población americana sumaba entre 80 y 120 millones de personas al momento de la llegada de los españoles, población que apenas alcanzaba el millón y medio a mediados del siglo XVI. Jurídicamente, un indio dentro de la sociedad colonial tenía un status degradante y degradado. El status de indio resultaba de la concurrencia de tres viejos status hispánicos: los status de rústico, de miserable y de menor de edad. Todos ellos remitían a alguna condición de incapacidad. El rústico era aquel que no participaba de ninguna manera en la cultura letrada; lo que implicaba una marginación de la mayor parte de la sociedad, no sólo en los territorios hispanoamericanos sino también en la península. Pero esto, en el caso de los indígenas, se veía complementado con el status de miserable, que incluía a aquellos que, no valiéndose socialmente por sí mismos, precisaban de un amparo especial, un amparo que se sumaba al abandono y ambas cosas, complementándose, discapacitaban. El status al que se hacía referencia con más frecuencia era al de minoría. Todos los indios eran considerados menores de edad, es decir, no resultaban gente de razón plena y requerían de una tutela que era a la vez sujeción. Para ello eran confiados directamente a la Iglesia, mediante las órdenes de predicadores y las reducciones, o a patrones laicos, como los encomenderos, cuya posición de autoridad respondía de la misma manera al principio de evangelización. Al desestructurarse las comunidades mediante el extrañamiento y la dispersión, sumado a la individuación provocada por el servicio personal como forma de tributación, los lazos de pertenencia de la población indígena se diluyeron. De esta manera, los indios separados de sus comunidades perdían ese status de indio que significaba también algún tipo de regulación laboral o de resguardo ante los abusos de los españoles. La desestructuración fue también sinónimo de pauperización de las condiciones de los indios. La población indígena fue diezmada numéricamente, si bien fue recompuesta parcialmente con individuos de pertenencias múltiples, el grupo originario como tal fue perdiendo su capacidad para reproducirse. Aquellos que sobrevivieron al margen de las comunidades lo hicieron muchas veces como peones o conchabados en las estancias o en las ciudades, en una situación de más o menos concertaje, mal pagados, y discriminados por la sociedad dominante. Podía mudar de categoría jurídica, es decir, pasar de tributario a libre, de indio a plebe, pero eso no implicaba directamente mudar de categoría económica y social. Dejar de ser considerado indio, en tanto tributario, no significaba dejar de ser marginal ni dejar de ser pobre. Los indios desclasados también engrosaron la cantidad de ladrones, bandidos y salteadores de caminos, lo que es un indicador de que las conductas delictivas tienen que ser interpretadas dentro de contextos sociales más amplios, dado que la marginación social o la privación del acceso a la tierra son factores de una importancia decisiva en el incremento de las actividades delictivas. El aumento del bandolerismo que se analiza para el siglo XIX en relación con causas políticas y de movilizaciones militares, puede tener un antecesor directo en la desestructuración de las comunidades en los siglos XVI y XVII, con proyección sobre todo en el siglo XVIII, cuando el servicio personal, sumado a la nueva fiscalidad borbónica tuvo un efecto expulsor de indios, que se escapaban para evitar la tributación. No sólo indios aislados sino muchas familias se vieron forzadas a abandonar sus comunidades y sus tierras para escapar a las cargas fiscales, reordenando de esta manera tanto sus prioridades culturales como su manera de insertarse en el mercado. El advenimiento del constitucionalismo decimonónico no significó una mejora para los indios, antes bien, fue el fin de su existencia como figura jurídica. Los indios dejaron de existir como sujetos de derecho, pero no consiguieron status suficiente para ser considerados ciudadanos. El nuevo derecho de carácter constitucional hace abstracción del indio, de su distinción de cultura. El indio no existe jurídicamente pero puede hacerlo legalmente Durante buena parte del siglo XX, los organismos internacionales trataron, con desigual éxito, las cuestiones concernientes a la población indígena y su tratamiento en general bajo la categoría de minoría. Recién en torno a las conmemoraciones de los 500 años del descubrimiento de América, en 1992, las Naciones Unidas elaboraron una declaración específicamente dedicada a las minorías culturales, la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas o lingüísticas. Los grupos indígenas en casi toda América han recibido una legislación diferencial, que no pocas veces se contrapone al derecho nacional, creando situaciones de conflicto que suelen ser resueltas según la conveniencia ocasional de los grupos en pugna, la mayoría de las veces en contra de los indios. El reconocimiento como etnia o como minoría significa validar su existencia como cultura pero no como pueblo. Reconocer a los indígenas como pueblo significaría reconocer su derecho a la tierra. Un pueblo no puede existir sin tierras. En la actualidad, a los grupos indígenas del norte y sur de nuestro país se les exige grados de pureza y de permanencia en el mismo lugar casi irracionales, para ser reconocidos como originarios. Eso implica negar sus patrones de habitabilidad con alta movilidad estacional, por ejemplo, con lo que se genera un juego perverso de reconocerlos como etnia pero negar sus costumbres para hacerlo. Y en los pocos casos en que se ha reconocido su derecho a las tierras, como en el caso del pueblo de Amaicha del Valle en Tucumán o el caso mapuche en Neuquén, el derecho propiamente dicho no reconoce la figura de propiedad comunitaria, por lo que, otra vez, tienen que renegar de su cultura para incorporarse al sistema occidental de propiedad, o resignarse a perderla gradualmente en manos de los terratenientes, vernáculos o extranjeros. Diferencias jurídicas se vuelven verdaderas discriminaciones. Las deficiencias en estos casos no pueden remediarse con simples agregados de derechos colectivos a los individuales ya reconocidos. Hay una carencia de raíz. Una noción individualista de la cultura y de la propiedad puede resultar contraproducente para culturas comunitarias en plural, así como el no reconocimiento de los grupos indígenas como pueblos resulta destructivo para su reproducción como tal, ya que no se le reconoce derecho a las tierras. La condición jurídica de existencia real con derecho a las tierras de los originarios americanos, sigue sin resolverse. Las categorías de indios, etnias, minorías, campesinos, muchas veces son poco más que los múltiples nombres que los diferentes sistemas sociales se inventan para nombrar a la injusticia. BIBLIOGRAFÍA BARTOLOMÉ CLAVERO: Derecho Indígena y Cultura Constitucional en América. México. Siglo XXI. 1994 THOMAS DUVE: “La condición jurídica del indio y su consideración como “persona miserabilis” en el Derecho Indiano. En: Un giudice e due leggi. Pluralismo normativo e conflitti agrari in Sud America. Milán, Universitá degli studi di Milano- Giufrè Editore, 2004. pp 1-33 ROMINA ZAMORA: “Los “pobres y libres” de la ciudad. Economía, población y nuevos sujetos sociales en San Miguel de Tucumán a fines de la colonia”. En: ROCÍO DELIBES, JUAN MARCHENA(ed.): Mundos Indígenas, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2005

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